Sí. Suena atractiva la propuesta del alcalde de san Pedro Garza García, de Nuevo León, Mauricio Fernández, de armar “equipos de limpieza, de trabajo rudo”, para eliminar criminales, giros negros y tienditas en su jurisdicción. Sean o no constitucionales, estén o no fuera de sus atribuciones.
Es más, ya puso en acción a su mini ejército particular y asesinó al secuestrador Héctor Saldaña, apodado El Negro, en la ciudad de México.
Hay que recordar también otra iniciativa similar, conocida el 14 de enero de este año, en la que un autodenominado Comando Justiciero por Juárez, se proponía acabar con la vida de un criminal cada 24 horas.
Esta pregunta fue la que tratamos de respondernos Laura Castellanos y yo, y lo que nos llevó a investigar más para elaborar el reportaje sobre los Eco Anarquistas que aparece en el número de noviembre de la revista Gatopardo.
Desde octubre de 2008 se documentaron en este blog ataques con petardos y latas de gas butano a sucursales bancarias y comercios en el Distrito Federal, el Estado de México y Guadalajara. ¿Guerrilleros atacando McDonald’s y KFC?
De acuerdo a singulares comunicados colgados en algunas páginas de internet supimos que quienes reivindicaban dichas acciones eran grupos de anarquistas de tendencia insurreccionalista, partidarios de la acción directa, con demandas a favor de los animales, en contra del avance tecno-industrial capitalista y opositores a la construcción de espacios de opresión, como las cárceles. Nada con lo que estuviéramos familiarizados hasta entonces.
Los ex dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales y su esposa, Gloria Arenas Agis, recuperaron su libertad la semana pasada, tras diez años de prisión y un tortuoso proceso legal. Al salir dijeron no estar arrepentidos de nada y anunciaron su incorporación al movimiento social pacífico, aun cuando su corazón, dijeron, seguirá con los guerrilleros, pues consideran válidas todas las formas de lucha.
“No por temor de perder de nuevo la libertad dejaremos de ejercerla para cambiar lo que nos parece injusto en el país; aunque ahora ya no lo haremos con las armas sino con las ideas y la razón”.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) dieron a conocer su órgano de difusión “Verde Olivo”, número 19, correspondiente al mes de octubre, en el que -al igual que el EPR-, enumera la tensión social vivida en México durante los últimos meses en el país, sobre todo tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pero no se muestran particularmente entusiasmados con la posibiliad de un inminente estalido social.
Perciben un clima de fascistización acelerada de la realidad nacional y ven en el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas el siguiente paso de una ofensiva de la derecha, que ya logró dividir a la izquierda electoral de la radical y a un movimiento obrero solidario pero desarticulado.
Reconocen el clima de inquietud social y una posibilidad de alzamiento: “la serie de condiciones sociales, políticas y económicas que presenta la realidad en la actualidad; ponen de relieve la gran posibilidad de que surja un movimiento social de alcances nacionales. (…). De repente, aparentemente como por encanto, surge la concatenación de todas; la lucha sindical, la parlamentaria, la armada, la de masas, la electoral y muchas más. Pero no es por encanto, las leyes dialécticas establecen que, a partir de condiciones objetivas y fuera de todo desarrollo mecanicista, la historia de los pueblos se desenvuelve (…).
Ya lo habíamos preguntado antes: ¿a quién conviene la violencia en Chiapas? El Comité Cerezo nos envía una Acción Urgente que viene de aquella entidad. El domingo pasado, a las cuatro de la tarde, aproximadamente 40 camiones del ejército federal, policía sectorial de Chiapas, AFI y policía especializada, uniformados con casco negro y pasamontañas y fuertemente armados, ingresaron de manera arbitraria en la comunidad Predio 28 de junio, en aquella entidad, buscando narcotraficantes y “polleros”.
Desde las 10:30 de la mañana de ese día dos helicópteros con las siglas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobrevolaron muy bajo las poblaciones de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata–Región Carranza, entre ellas la comunidad 28 de Junio y Laguna Verde.
Según denuncias de pobladores de dicho asentamiento, los militares y policías están irrumpiendo ilegalmente en los domicilios particulares, donde de manera violenta golpean a las mujeres y niños que ahí se encuentran, así mismo las insultan, entre ellos están algunos familiares de los detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, miembros de la organización OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura.
Se la han pasado ganando amparos, pero ni por eso salen libres. Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales, fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), recibieron apenas hace unos días un amparo de la justicia federal en contra del incumplimiento de la sentencia que los dejaba en libertad, después de 10 años de estar presos.
El 23 de septiembre pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor del matrimonio la inconformidad presentada contra el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito, que en febrero de 2008 les quitó los delitos de Homicidio, pero les reclasificó los de Rebelión.
En aquella ocasión, los magistrados aumentaron de manera arbitraria la condena que tenían por el delito de Rebelión a 14 años y 2 meses, para mantenerlos presos. Esto llevó a Jacobo a interponer un nuevo amparo –el que ahora se ha ganado- con el argumento que el Tribunal Unitario se excedió en sus atribuciones y en los hechos los juzgó dos veces por un mismo delito.
Contra lo que pudiera imaginarse, el Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario dice no ver que la cosa esté socialmente madura para un estallido social, aun cuando las condiciones económicas y políticas del país parecieran indicar lo contrario. O no cuando menos un estallido social que tenga posibilidades de triunfar.
En su edición 121, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2009, el órgano de difusión El Insurgente presenta un artículo titulado “El estallido social como chantaje político”, en el que el grupo dice que ve que aun cuando están dadas las condiciones objetivas (pobreza, conflictividad social, indignación ciudadana, represión, autoritarismo) y subjetivas (la existencia de un movimiento revolucionario), este segundo punto no está suficientemente consolidado.
Comienza rechazando los que le parecen usos chantajistas y abusivos de la amenaza de un “inminente estallido social”; tanto de quienes lo minimizan y niegan, como de quienes desde la izquierda electoral prometen que, con ellos en el poder, se conjuraría.
A ver. La abundancia de videocámaras en las ciudades ¿ayuda a prevenir los delitos, o es una invasión a la intimidad de los ciudadanos? Con el “Big Brother” urbano te sientes ¿más seguro o más vulnerable?
Esto viene a cuento por una información que publicó la semana pasada el diario El Mundo, de España, en el sentido de que en Gran Bretaña una compañía llamada 'Internet Eyes' ofrece a sus clientes la posibilidad de alquilar videocámaras de seguridad conectadas a una red de vigilancia citadina, a un precio de 20 libras por cámara a la semana.
Por otro lado, ofrece a cualquier internauta la posibilidad de ser un vigilante desde casa, a quienes se compromete a gratificar por cada delito denunciado o evitado.
El martes pasado señalamos lo preocupante que fueron las detenciones del chiapaneco José Manuel Hernández Martínez, campesino de la OCEZ, y de Ramsés Villarreal, acusado de poner bombas en bancos y comercios del DF durante septiembre. De este último comentamos que era un lamentable estreno del procurador Arturo Chávez, por la forma y por el fondo de los hechos, plagados de ilegalidades y falsedad. Tanto, que ni el juez de la causa pudo avalar el caso y lo dejó en libertad.
Conforme ha ido avanzando el tiempo surgen los testimonios de Ramsés, uno de los cuales gira en torno a la lista de personas que quería involucrar artificialmente la PGR en el caso de las detonaciones anarquistas.
A continuación transcribo una carta que envía Rocío Verena Ocampo, madre de uno de los presuntos integrantes de la lista:
¿A quién conviene generar un clima antisubversivo? La semana pasada hubo en el país dos detenciones inquietantes, en las que, tanto PGR como la Procuraduría estatal chiapaneca, insistieron en vincular a los detenidos con grupos guerrilleros, como el EPR.
Primero fue el caso de Ramsés Villarreal,detenido por la PGR como culpable de los ataques a bancos del DF, reivindicados por grupos anarquistas, y que apenas el viernes pasado fue liberado por un juez a falta de pruebas, ya que la única evidencia que vinculaba al joven con los hechos era una foto, bastante mala y truqueada.
Su detención se hizo en condiciones anticonstitucionales y bajo los peores métodos de intimidación para los familiares de Ramsés, mismos que buscarán interponer una demanda por tortura. Él fue, en efecto, activista universitario en 1999, maneja un discurso anarquista, fue expulsado de la UNAM, estuvo detenido y fue soltado en su momento por presiones políticas del gobierno capitalino, pero se sabe que está desde hace tiempo alejado del activismo por una dinámica personal muy compleja.
Es tiempo de analizar los movimientos armados en México y la seguridad nacional desde una perspectiva que trascienda el sensacionalismo, el sectarismo partidista o las páginas de policía. Este blog pretende hacer aportes para tal debate.
Depende, no sólo de su autor sino de quienes lo retroalimenten. Aquí plantearé temas, lo demás ya será resultado de las participaciones que todos tengamos martes y jueves.
Alejandro Jiménez ha sido periodista de EL UNIVERSAL desde hace ya casi dos décadas, en áreas tan variadas como Opinión (siendo editorialista político de la casa), el Centro de Documentación y aun en Turismo, donde también editó y opinó.
Se metió a esto del estudio de las guerrillas durante la investigación para la colección de tres tomos “Los Movimientos Armados en México” (1994), de la que surgió a su vez el proyecto del libro “México Armado” (2007).
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