Es muy sabido que las fronteras son espacios muy vivos, dinámicos. Algunas son llamadas fronteras calientes, como la de Venezuela y Colombia. Allí el intercambio propio de estos espacios da lugar a una configuración social tan peculiar que los pueblos y comunidades de los países vecinos adquieren una identidad propia, diferente tanto de uno como de otro lado. Pasa con muchos pueblos del Estado Táchira, al suroeste de Venezuela, en el que si bien la gente se siente venezolana, su modo de vida responde a elementos venezolanos y colombianos. También hasta allí fui con mis jueces, para seguir escuchando de boca de la misma gente las inquietudes que tiene con respecto al sistema de justicia venezolano.

Varios problemas fueron plantados en las distintas conversaciones que sostuvimos con ellos. Sin embargo, dos fueron los que llamaron más mi atención por tratarse de asuntos que tienen que ver con el acceso de esas personas al sistema de administración de justicia: los problemas de identificación, la situación de los derechos humanos y la presencia de grupos irregulares. En las poblaciones del Estado Táchira es muy común encontrarse con ciudadanos colombianos, bien sea en matrimonios completamente de colombianos o, por llamarlos de alguna manera, mixtos (en el que uno de los cónyuges es colombiano y el otro venezolano).

Es increíble la cantidad de trabas que se les presentan para registrar a sus hijos ante las autoridades civiles, lo que les genera problemas para obtener los documentos de identidad. Al no obtener este documento no existen, ni para el estado venezolano ni para el colombiano; en consecuencia, no pueden acceder a los sistemas educativos, de salud y, en el caso que nos ocupa, de administración de justicia.

El otro aspecto tiene que ver con la gran cantidad de vejaciones que se ven obligados a soportar no solo los habitantes de estas zonas, sino incluso los que van de transito de un país a otro. Las violaciones de derechos humanos están a la orden del día. La única justificación que esgrimen los cuerpos de seguridad es la situación que vive el pais vecino, que según palabras de ellos los obliga a dudar de todas las personas y, en consecuencia, hacer más rígidos los controles de acceso y la vigilancia en las comunidades fronterizas. Por supuesto, la gente esta tan decepcionada que no acude a ninguna instancia a denunciar estas violaciones; simplemente las soportan con un estoicismo por lo menos admirable.

Por supuesto, lo que dicen las autoridades venezolanas es cierto, aunque no del todo. Lo que no dicen es que la presencia de los grupos irregulares (guerrilla y paramilitares) en suelo venezolano obedece a la incapacidad del Estado venezolano de tener presencia allí. Y la ausencia del Estado de estas zonas lleva a los habitantes de estas zonas a recurrir a los irregulares para solucionar sus conflictos. En términos de tiempo, dinero y eficacia la “justicia” que estos grupos imparten dista mucho de la que podría impartir el Estado venezolano. Lo que para nosotros es una situación completamente anormal se vuelve, de ese modo, lo más natural y lo más conveniente para a gente de la frontera.