Ambos funcionarios se han dicho de todo: encubridor y negligente, le dijo Navarrete a Medina porque, según él, la PGR trató de eliminar documentos que incriminaban a agentes federales en la extorsión a Salinas de Gortari. Manipulador y protagónico, le dijo el vocero al del estado de México, porque si bien un juez aceptó encargarse del análisis del proceso, no ordenó a la PGR investigar si sus elementos mataron al hermano del ex presidente, como lo aseguró el procurador; solamente tienen que indagar si lo extorsionaron.

El enfrentamiento ha llegado a tal grado que el notario que despacha en la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien contrató al vocero para no tener tropiezos con la prensa y la opinión pública, ya tuvo que salir a decir que su portavoz se extralimitó. Como en las borracheras que se prolongan hasta entrada la noche, salió a decir: “dissssssculpme, no? Ya stms borrashooss. Dissssculpme”.

Viendo esos osos uno se pregunta si sería demasiado pedir que los funcionarios públicos asumieran su responsabilidad. Si Navarrete dijo a los medios que los resultados de su investigación cimbrarían al mundo político, dando a entender que había políticos metidos en el crimen, está obligado a probarlo o desmentirse públicamente. Pero es más fácil echarle la culpa al otro y decirle que ai’ le encarga la indagación.

La PGR no canta mal las rancheras: en lugar de investigar rápido si sus elementos están involucrados en algo chueco dice que no puede vigilar al comandante acusado de extorsionar a Salinas, ni averiguar dónde anduvieron los presuntos asesinos el día del asesinato. Tenemos un convenio de colaboración y sólo hasta que nos lleguen las peticiones, por escrito y en copia por triplicado, podemos actuar, dice el vocero.

En medio hay un crimen sin resolver, muchas dudas en torno al posible encubrimiento a alguien que era investigado en Francia por lavado de dinero y la pasmosa irresponsabilidad de dos servidores públicos.

En el DF, en una entrega de reconocimientos a policías, Joel Ortega, jefe de la SSP, dice que ellos sí hacen su chamba pero la inseguridad se mantiene porque los ministerios públicos, que dependen del procurador, Bernardo Bátiz, no saben hacer su trabajo y sueltan a los detenidos para que vuelvan a delinquir.

El señor Bátiz, que se indigna cuando un articulista le dice “provecto” y dice que si han matado a más ancianas que en años anteriores (7 en 2005 y más de 20 desde 2003) es porque ahora más viejitas, replica enojado que ni que fuera tan fácil. El chiste no es detener sino probar que el detenido es culpable de lo que se le acusa.

Y si a Bejarano lo agarraron con las manos en la masa y no le probaron nada, qué se puede esperar con otros presuntos. El caso es el mismo: ninguno es responsable, ambos se lavan las manos y el problema sigue. ¿Será mucho pedir que peleen menos y sean más responsables? jcisneros@eluniversal.com.mx

PD: por cierto, compañeros. Para que esto no sean puras quejas, propongo que si alguien sabe de leyes nos escriba un texto acerca de cómo podemos hacer operativo el texto del artículo 39 constitucional que dice: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. ¿No les gusta cómo suena? ¿Quién se anima?