Por ello, Max Weber pudo definir al Estado como el monopolio de la coacción legítima, en el que la legitimidad no tiene otro tipo de sustento que la norma.

De los tres, según Weber, la burocracia es el más definitorio: es la racionalización del poder. El poder de la razón o el poder hecho razón –aún más: la razón hecha poder-, porque la burocracia no se define sólo como el conjunto de funcionarios del Estado, sino como el conjunto de normas que circunscriben el comportamiento de cada uno de esos funcionarios en cuanto tales. Ninguna conducta queda bajo el manto de la discrecionalidad o el mero capricho.

El análisis y las categorías weberianas son válidas para todos los Estados. Sin embargo, en la América Latina tenemos la impresión de que esto no es totalmente cierto. Nuestros Estados y nuestras burocracias si bien basan su accionar en el principio de legalidad –no se puede hacer nada que no esté estipulado en alguna norma, sea ésta del rango que sea-, en la realidad –cuando nos vemos cara a cara con ese ogro filantrópico, como lo llamó Octavio Paz- tenemos que enfrentarnos con las manías, deseos y caprichos muy particulares de los funcionarios a los cuales acudimos.

Y nuestras burocracias nos parecen las más lentas, ineficientes, engorrosas, discrecionales, caprichosas, ineficaces y un largo etcétera en el que abundan los calificativos negativos. Por eso es común que hagamos referencia a nuestros Estados como muy burocráticos. Pero es todo lo contrario: son los menos burocráticos: la norma se usa en contadas ocasiones; más poder tiene el parecer de los funcionarios.

Y ninguno o muy pocos se reconocen como servidores públicos; más bien se creen reyecitos que ejercen dominio en su pequeña parcela del Estado. Creen que debemos agradecerles su presencia en las oficinas en las que tiene que trabajar y para ello todo lo que hagamos es poco. Nos humillan y no sienten el más mínimo remordimiento, aún sabiendo que nuestros impuestos son los que pagan sus sueldos. Y así los funcionarios se sientes muy bien, pero no se construyen instituciones. Vale decir, así no hay Estado: mantener el orden interno y la paz externa, ejercer el monopolio de la coacción de manera legítima, decidir la asignación de los recursos, etc., se convierte en mero deseo.