Encinas anunció un decálogo de conducta que deben cumplir los funcionarios del GDF en los tiempos preelectorales que vivimos . En ellos se establece una serie de restricciones a los servidores públicos para evitar que actúen como militantes y traten de favorecer desde su cargo a sus compañeros de partido.

“Los beneficios sociales establecidos en la leyes o en los programas de gobierno no se condicionaran en ningún momento a la afiliación o simpatía por algún partido político, a la inclinación por un candidato o a la emisión de un voto a favor del partido o candidato alguno”, dice el cuarto punto. “La prestación de los servicios públicos debe realizarse en cumplimiento de los programas de gobierno y sin restricciones. No se condicionará bajo ninguna circunstancia en beneficio o apoyo a algún candidato o partido”, establece el sexto.

“El servidor público no deberá aprovechar su relación jerárquica a efecto de ordenar al personal a su cargo que realice actividades distintas a las que fue contratado o en apoyo a candidatos, partidos o en función de favorecer sus preferencias electorales”, indica el octavo Claro, algunos dirán que a buena hora se establece el código de conducta luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador puso a sus trabajadores a defender al entonces jefe de Gobierno en los tiempos del desafuero. También se dirá, con razón, que Miguel Bortolini, delegado en Coyoacán, y Marcelo Ebrard, secretario de Desarrollo Social, fueron captados in fraganti cuando decían a beneficiarios de becas que si querían mantenerlas había que votar por López Obrador y el propio Ebrard, y ambos siguen en sus cargos. Pero la medida es interesante por dos motivos: el primero es que reconoce un problema y señala que esa cultura debe cambiar; el segundo es que no se queda en exhortos y advierte que habrá sanciones penales y administrativas para quien viole las restricciones.

Encinas ha tomado algunas medidas que marcan distancia respecto al proceder de su antecesor: desapareció la dirección de Logística, cargo inventado para pagarle 70 mil pesos a Nicolás Mollinedo, el chofer y amigo de López Obrador; también disolvió el grupo de guardaespaldas y hasta en la página de internet se da ahora prioridad a los programas y se deja de lado el culto a la personalidad imperante en los tiempos del tabasqueño.

Por el momento, el decálogo puede sonar a un compendio de buenas intenciones y sabemos que el camino al infierno está empedrado con éstas, pero es un paso en la dirección correcta para evitar que los funcionarios dediquen su tiempo a impulsar a sus candidatos. Ahora, para cerrar el círculo virtuoso es necesario que el código se cumpla a cabalidad y se sancione a quien no lo haga. jcisneros@eluniversal.com.mx