Es un fenómeno socioconómico mundial complejo, sin lugar a dudas, y básicamente se afianza con el colapso de la economía de Estado, cuya fuente de inspiración era la Unión Soviética, con un partido único sin elecciones abiertas y con todas las decisiones terriblemente centralizadas.

Hoy los paradigmas mundiales más o menos aceptados, como pomposamente se dice, son: el estado de Derecho (reglas claras y efectivas), el libre flujo de mercancías y capitales, la democracia representativa (de partidos), respeto a los derechos humanos y desarrollo sustentable (usa la naturaleza pero sin cargártela). De todo ello hay algo que se publicita poco: es una economía basada en el conocimiento científico y tecnológico.

Yo haría una analogía de la globalización y la glaciación (aunque ésta fue un fenómeno natural y aquella es social), ambas son planetarias y difícilmente eludibles. Imaginemos a los grupos de Homo sapiens hace decenas de miles de años, tiritando, marchando contra la glaciación, juntando piedras marcadas con muescas solicitando -quién sabe a quién- la abolición del enfriamiento planetario. Si así hubiera sucedido probablemente no estaríamos aquí. La globalización, como la glaciación, me parece que se enfrentan y sobrellevan mejor comprendiéndolas y aprovechándolas a nuestro favor.

Para enfrentar la globalización nosotros cargamos con profundos problemas ancestrales previos, comenzando con el más grave de todos: no existe el Estado, él es un enunciado impreso en papel. Con todo respeto, la nuestra es sólo una República literaria, de ahí que nuestras reformas sean puros parches. Antes las cosas parecían más fáciles porque, en los hechos, las decisiones las tomaba una sola persona, el nuestro ha sido un Estado monárquico, un “ogro filantrópico” (como lo definió Octavio Paz) que se remonta a los primeros días de la Independencia, con alguna pincelada republicana con Juárez y otra democrática, de sólo unos cuantos días, con Madero.

Los humanos, en la noche de los tiempos, la primera regla que descubrimos para sobrevivir fue que la naturaleza tiene regularidades. De ella, por necesidad, aprendimos a imponernos reglas a nosotros mismos, según postuló Baruch de Spinoza, uno de los filósofos favoritos del Albert Einstein. Con más defectos que certezas, los grupos, las sociedades, lograban consensos en sus códigos reglamentarios y pactaban subordinarse a ellos aún en la monarquía misma.

Cuando en México, con su protohistoria, hablamos de “políticas de Estado” en realidad apelamos a que el gobierno, el administrador del Estado en turno, se haga cómplice de alguna idea con independencia de que surja de un consenso. Son errores de fondo en los que incurrimos a menudo, y la élite científica no ha sido la excepción como cuando se sintió muy ufana de haber logrado una glamorosa Ley de Ciencia que-no-fue-consensuada. A la vuelta de los días las decepciones no se hicieron esperar, seguía -y sigue- sin haber un financiamiento razonable para la investigación científica. Se logró un voto mayoritario en el Congreso para alcanzar algún idílico porcentaje del PIB para el fomento a la investigación científica ¿y? ¿quién o qué obligará a que se cumpla?

Una política de Estado significa que gobierne quien gobierne, tal política ha de impulsarse más allá de seis años, significa que todo lo que compone el Estado (fundamentalmente ciudadanos) acordó que tal política es pertinente. Ni políticas de ciencia, ni de educación o cualquiera otra cosa funcionan con nosotros simplemente porque no hemos acordado lo fundamental, por consenso: fundar el Estado.