Con eso reabrió el debate sobre las candidaturas ciudadanas y provocó confusión entre las instituciones, que prefirieron echarse la bolita antes que buscar una vía de solución al problema.

Castañeda pidió al organismo que le ayude ante la negativa de las instituciones a registrarlo. Ya sabemos que en 2003 los diputados modificaron tanto el Código Electoral como la Constitución para impedir que alguien no afiliado a partidos pueda competir por la Presidencia. Dado que la propia Carta Magna establece el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado, el académico solicitó la ayuda de la CIDH.

Obtenido el apoyo, Castañeda pidió que se cumpla la recomendación y ahí comenzó la confusión. La Secretaría de Gobernación dijo que el tema le correspondía al Instituto Federal Electoral y éste dijo le pasó la papa caliente a Gobernación. El IFE dice que la ley es clara y no permite las candidaturas sin partido pero el candidato dice que México es firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y un tratado internacional está por encima de un código electoral, que es una ley secundaria.

Es de prever que viene un debate para a) definir qué ley debe aplicarse en el caso (el artículo 133 constitucional establece que la Constitución es ley suprema sobre cualquier otra); b) si el Congreso debe abrir la cancha a candidatos no afiliados a partidos y c) qué tan legítima es la aspiración de una persona a aspirar a un cargo sin afiliarse a los institutos políticos.

Dos puntos deberán tomarse en cuenta en este debate: uno es, como lo apuntó José Woldenberg, que resulta inexacto decir que el candidato sin partido no sea un político, porque busca un cargo, teje alianzas y quiere definir líneas de acción para el país, de modo que colgarse la etiqueta de “ciudadano” no lo purifica per se.

Segundo, la necesidad de que quienes no estén de acuerdo en los métodos de los partidos para elegir a sus candidatos tengan una oportunidad. Actualmente, el PRD ya tiene candidato, nombrado por los funcionarios que él eligió para dirigir el partido; el PVEM también, aunque advierten que pueden ir en alianza como el PRI, como lo han hecho en el pasado, si se ponen de acuerdo en el reparto de posiciones; el tricolor elegirá a su gallo en unos comicios organizados por los funcionarios nombrados por uno de los contendientes. Convergencia espera a ver quién le ofrece más diputaciones.

Al momento, el IFE parece inclinarse a negar el acceso de Castañeda a la contienda. Si a ustedes les dejaran elegir ¿por qué votarían: candidatos sin partido o sólo los amparados por estos?