Sin embargo, el debate se diluye en la disyuntiva chavismo-antichavismo. Quienes adversan al gobierno no ven nada bueno en la ley; mientras tanto, quienes lo apoyan la defienden a capa y espada. De allí que el debate que tantas veces ha comenzado, igual número de veces se ha cerrado mágicamente. También hay que decir medios y periodistas, principales sujetos regulados por la ley, parecen no querer entrarle seriamente al debate. Y sólo se conforman con hacer desmanes en nombre de la libertad de expresión.

Siempre se empieza de la misma manera: un abuso por parte de un periodista en nombre de la libertad de expresión (acusaciones sin fundamento, negación del derecho a réplica), un boom informativo con respecto al tema en defensa del periodista y una etapa final donde todo se diluye por desgaste en el tiempo. Bastaría con revisar artículos de opinión en prensa y páginas de Internet para observar los ciclos del debate. Podríamos decir que en Venezuela periódicamente se realizan congresos masivos sobre la temática comunicacional (sería mucho mejor dedicarle un mes del año para realizar dichos encuentros).

Así, ya nos acostumbramos a asistir a las universidades a grandes debates y mesas de trabajo que se quedan sólo en palabras. Igual pasa con estos debates públicos nacionales: al cabo de un tiempo se desvanecen de la esfera pública y los imputados jamás responden ante nadie. Y a los periodistas ni con el pétalo de una rosa…

Pero parece que ahora asistimos al momento crucial de este debate. Procedimientos judiciales abiertos a varios periodistas, interpelaciones en la Asamblea Nacional (si las podemos llamar así) a dueños de medios, declaraciones de agrupaciones internacionales (como la SIP o Reporteros sin Fronteras), etc. Pero en medio de toda esta discusión, nadie se ha atrevido a conectar este modo de visualizar el hecho comunicacional como una forma más del quehacer capitalista. La información se le cataloga como una mercancía más y se le aplican las mismas leyes del mercado liberal.

El famoso “dejar hacer, dejar pasar” es la única ley que regula los intercambios informativos entre los medios y la población. Por tanto los ciudadanos nos encontramos en una evidente minusvalía en relación con todos los consorcios informativos nacionales e internacionales (y no sólo en relación con los periodistas como se ha repetido tantas veces). El problema es exactamente el mismo que ocurre con las grandes empresas de producción de cualquier otro bien…su “irresponsabilidad social”.

Ocurren los mismos fenómenos y tácticas: especulación, manipulación y psicoterror al personal, grandes asociaciones para impedir el ingreso de pequeñas empresas al mercado (grandes corporaciones privadas contra los medios de comunicación comunitarios). En fin, son exactamente los parámetros de tradicional liberalismo.

Del lado del gobierno (salvo el presidente en contadas ocasiones) se sigue tratando el tema como hechos individuales aislados. Se trata de debatir los argumentos que se presentan del otro lado de la acera, ubicando el debate en el plano que lo quiere la oposición: El plano individual. Hasta que no se debatan las razones estructurales por las cuales los medios de producción de información no pueden quedar bajo la propiedad (de hecho es así en Venezuela) de unos pocos no se podrá entender el por qué la visión capitalista de la comunicación debe ser enfrentada y derrotada.

Y algo de eso es lo que pretende la Ley RESORTE de Venezuela: democratizar la propiedad de los medios de comunicación (fomentando la creación de estaciones de radio y televisión y la publicación de periódicos de ámbito comunitario, y fomentando la producción independiente en los grandes grupos privados) y democratizar el espacio radioeléctrico, bien público que ha sido secuestrado y monopolizado por las grandes corporaciones.