Mientras la clase política se sienta todopoderosa, muy poco o nada les importará lo que diga la sociedad. Así que además se firmarse espectaculares acuerdos en materia de seguridad, pronto deberán desempolvarse en el Congreso las iniciativas en materia de participación ciudadana que nos permitan remover a gobernantes malos.

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Tuvo que ocurrir una tragedia, que tocara fibras sensibles —el secuestro y asesinato del joven de 14 años Fernando Martí— para que por primera vez, ¡luego de 22 sesiones!, quienes integran el Consejo de Seguridad, se dignaran a reunirse en pleno. Así de grande es el compromiso de quienes nos gobiernan, para con los ciudadanos. Eso es lo que les importamos.

Claro que hoy todos quieren alzarse el cuello. Todos dicen tener soluciones y programas para ganarle la batalla a la delincuencia. Todos, los que han tenido una y mil veces la oportunidad de enfrentar el gravísimo problema, hoy dicen saber cómo erradicar la inseguridad. Todos se apresuran a ganar los reflectores mediáticos. Todos señalan que se tienen que depurar los cuerpos policiales. Nadie lo duda, pero ¿y los cuerpos políticos cuándo? ¿Cuándo se irán los incompetentes? ¿Cuándo renunciarán los vividores que son capaces de lucrar con el dolor ajeno con tal de sacar raja política? ¿Cuándo dimitirán quienes han demostrado una y otra vez, desde diversos cargos, que son incapaces de cumplir con sus obligaciones? y ¿Hasta cuándo los ciudadanos les permitiremos seguir cobrando sin cumplir sus obligaciones? Hay que hacer algo. Los políticos han demostrado que no lo harán.

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Alejandro Martí dijo el jueves pasado lo que muchos mexicanos pensamos. Ha exigido a las autoridades renunciar si les queda grande el puesto. “Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”, dijo el padre del joven Fernando Martí. Pero como de costumbre, a la clase política con contadas excepciones lo dicho por el empresario, les entró por un oído y les salió por el otro. Ni se inmutaron.

Más aún, se sabe quienes son los responsables directos del pésimo funcionamiento de las policías en sus distintos niveles de gobierno. Los conocemos por nombre y apellido. Pero sinceramente, ¿ustedes creen que se van a ir? Si así fuera, ya habrían abandonado el cargo ladrones, corruptos, cínicos y desvergonzados gobernantes que tan campantes siguen al frente de sus gobiernos. Si así fuera, desde hace mucho que Ulises Ruiz, Mario Marín, Emilio González y una larga lista de gobernadores, jefes policíacos y funcionarios ya habrían abandonado el cargo. Pero no. No lo hacen.

¿Por qué? Porque se mueven con la misma impunidad que un delincuente, un secuestrador, un asesino, un narcotraficante camina por la calle con la seguridad de que no le pasará nada, de que nunca será detenido. Y se mueven así, y permanecen aferrados al hueso, porque sus partidos los protegen, porque los líderes en el Congreso los cuidan, porque desde el gobierno se les solapa. Es un círculo de impunidad y complicidad. Una tapadera que cubre la peste en la que está convertida la política nacional. Así que la seguridad es sólo reflejo del comportamiento de la clase política. Entonces poco o nada podemos esperar del Acuerdo por la Seguridad firmado en Palacio Nacional, si vemos que son delincuentes con fuero quienes suscriben el pacto. Si observamos como impresentables vividores de la política como Ulises Ruiz, Mario Marín y Emilio González son quienes “se comprometen” a trabajar por la seguridad de los mexicanos.

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A final de cuentas lo que han firmado gobernantes, legisladores y jueces no es otra cosa que cumplir con su trabajo. Ese es el grado de cinismo al que hemos llegado. La clase política se mueve con tal desprecio ante la ciudadanía, que es quien paga sus sueldos, que se permiten signar con bombo y platillo lo que es su obligación: hacer cumplir la ley. O lo que es lo mismo, prometen cumplir, lo que por obligación deberían de hacer. Su responsabilidad primaria: garantizar la seguridad de todos los mexicanos. ¿Qué pretenden? ¿Qué se los agradezcamos? Si para eso cobran.

Ojo, en el Acuerdo se señala que la responsabilidad en materia de seguridad debe ser compartida entre gobierno y sociedad. Cierto, pero no hay que confundirnos. La sociedad debe criticar, presionar y exigir. El gobierno, debe gobernar, para eso está. Así que de ninguna manera la responsabilidad es la misma. Todos debemos participar, pero cada quien en su justa medida. Cada quien tiene su responsabilidad y su margen de participación.

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El tema está sobre la mesa. ¿Servirá de algo el Acuerdo firmado la semana pasada? El presidente Felipe Calderón fijo en 30 días el plazo para evaluar los avances; la sociedad otorgó 100 días. Parece más razonable medirlo así. Habrá que darle seguimiento puntual. El próximo 29 de noviembre es la fecha en la que se podrán observar los avances y retrocesos.

Quienes firmaron el acuerdo tienen, a partir de hoy, 97 días para entregar resultados concretos. Si no lo hacen, es responsabilidad de los ciudadanos castigar a los malos gobernantes, a los malos funcionarios, y el castigo no podrá esperar hasta la elección de 2009. Se tendrán que ir, tendremos que exigirles que se vayan. El hartazgo social no resiste otro fracaso del gobierno en materia de seguridad.

Se aceptan apuestas.

Les toca. Que empiece la discusión. Bienvenidas sus participaciones.